Ante la noticia sobre la Autorización para incinerar residuos en la cementera de Alcalá, desde la Plataforma contra la Incineración de Residuos queremos puntualizar que una batalla no es el fin de la guerra y que, por nuestra parte sigue existiendo el mismo compromiso con nuestra ciudad y la salud de la población que hace diez años. Así que, si bien esta resolución (esperada por otra parte) supone un revés evidente para nuestro objetivo, en absoluto pone fin a la batalla legal.
Seguimos teniendo opciones para continuar impidiendo un proyecto de incineración que nos condena con la complicidad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra desde febrero de 2022, que se ceba con toda la población de la comarca en un radio de 30 km a la redonda y cuyas consecuencias aún pueden ser peores, ya que el consistorio pretende construir miles de viviendas en la zona del Zacatín, donde estaba prevista además una zona verde que ahora desaparece y que resulta vital para sus vecinos/as dada la proximidad de puntos ya altamente contaminantes a los que se uniría el cambio de actividad a peor de la empresa, convertida en incineradora.
Nuestra hoja de ruta pasa por: recurrir a través de un recurso de alzada la autorización de la Junta que permite a Portland Valderrivas incinerar residuos en la factoría alcalareña. Este trámite tiene un plazo de resolución de 3 meses: presentar un nuevo recurso contencioso administrativo en el plazo de dos a seis meses, si el anterior no nos fuera favorable.
Si tomamos como referencia los tiempos que la Justicia viene marcando en este asunto, conviene recordar que casi cuatro años de tramitación han sido necesarios para obtener una sentencia firme al contencioso que el grupo ecologista Alwadai-ira puso contra la cementera.
En total cuatro años y medio podría aún tardar en hacerse realidad el proyecto de incineración que persigue Portland Valderrivas, por lo que resulta muy aventurado afirmar que la Plataforma, las más de 8.000 personas que han mostrado su apoyo a esta y toda la comarca están ante una derrota definitiva e inminente.
Por otra parte, la autorización para incinerar ha estado supeditada a la instalación y funcionamiento de una estación de control de calidad de aire durante un año antes. Esto hubiese sido algo impensable sin la lucha de esta Plataforma. Los datos de estas mediciones, en teoría obligatoriamente públicos, hasta el momento han resultado inaccesibles para su consulta.
No obstante, a pesar de los obstáculos, tenemos datos públicos y nada tranquilizadores de la calidad de nuestro aire en tiempo real gracias al medidor de PM2.5 perteneciente a la red internacional de medidores PURPLEAIR instalado por esta Plataforma en la Barriada de la Liebre.
La actual calidad de aire de la zona no es ni mínimamente aceptable. No podemos permitirnos empeorarla aún más por el afán de lucro desmedido de una multinacional.
Vamos a seguir luchando porque literalmente a muchas personas puede irnos la vida en ello. La contaminación mata y eso es algo que ya nadie discute. Pero incluso si finalmente la traición de nuestros gobernantes permitieran la implantación de este atropello contra el que llevamos luchando una década, ni un solo segundo de nuestra lucha habrá sido en vano porque hemos conseguido impedir la incineración durante todos estos años con todos los beneficios que eso implica para nuestros/as vecinos/as; hemos creado conciencia sobre el problema que ha sido respaldada ampliamente en varias campañas de recogidas de firmas, hemos dado la posibilidad de saber qué aire respiramos con la instalación del medidor, hemos forzado a la implantación de mejoras en el proyecto de incineración de la propia fábrica para que, de llevarse a cabo, se realicen con mayores garantías de seguridad a través de las numerosas alegaciones que hemos presentado al proyecto. En el camino hemos ayudado a otros colectivos con la misma problemática, aunado fuerzas y hemos demostrado que David puede mirar desafiante a los ojos a Goliat cuando el pueblo toma conciencia y se crece ante la injusticia.
La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y las cementeras pueden tratar de manipularnos sobre la legalidad y la buena opción que es incinerar para gestionar residuos, pero la verdad es que atentan contra nuestros derechos. Fumar es legal y todos sabemos que no es saludable, pero fumar es una opción personal y aun así, sujeta a restricciones que protegen a quienes no fuman. Tener una empresa incinerando en tu pueblo no es una opción personal, es un atentado contra todo lo que merece la pena defender.
¡Nosotros/as seguimos presentando la batalla a la incineración!
