Carmen Molina, parlamentaria de Equo en el
grupo de Podemos Andalucía, con la que nos entrevistamos hace unos meses,
destaca los efectos de la incineración de residuos en cementeras en la calidad
del aire que respiramos y, frente al chantaje de las empresas del sector en
cuanto a creación de empleo, destaca el impacto socioeconómico negativo que
genera esta actividad.
Carmen Molina ha insistido en la incompatibilidad entre la incineración de residuos por
la que algunas empresas ubicadas en Andalucía quieren apostar, y una adecuada
calidad del aire que respiramos. Así lo ha puesto de manifiesto en respuesta a
la intervención del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que ha
comparecido para informar sobre la Estrategia Andaluza de Calidad Aire.
Una estrategia en la que, tal y como
insiste Molina, no cabe la apuesta por la coincineración que pretenden llevar a
cabo algunas empresas –caso de la cementera de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla-,
que apelan a los supuestos beneficios medioambientales de esta actividad, que
realmente provoca una importante merma en la calidad del aire que respiramos
debido a las emisiones, que vendrían a empeorar la concentración en la
atmósfera de gases que son muy perjudiciales para la salud.
“Parece que hacerse cargo de la gestión de
residuos es una actividad económica muy rentable, y además las cementeras
autorizadas negocian con la venta de emisiones de CO2. Pero debe quedar claro
que la incineración es
una fuente de energía sucia e ineficiente, a pesar de que se quiere vender como
energía limpia y parte de la transición energética. Sin embargo, tiene unos niveles de
aprovechamiento energético muy pobres”, ha explicado la parlamentaria, que
recuerda que dentro de la política comunitaria en materia de residuos, se
establece que la jerarquía adecuada para la gestión es prevención, reducción,
reciclaje, valorización material, y como última opción, la incineración o
eliminación, “que tienen la misma consideración y deben ser siempre la última
opción”.
Durante su intervención, Molina también se
refirió al “chantaje” que suelen
llevar a cabo las empresas con respecto a los puestos de trabajo, amenazando
con despidos en el caso de no obtener las autorizaciones necesarias y apelando
a la creación de empleo que supondría la puesta en marcha de esta actividad.
Pero también este argumento queda desmontado con sólo tener en cuenta los
“impactos socioeconómicos negativos” que genera una actividad con la que se
empeora notablemente la calidad del aire.
Así, tanto el turismo como la actividad
agroalimentaria son especialmente sensibles respecto a la contaminación
atmosférica y una mala calidad del aire, que en turismo se traduce en una
pérdida de atractivo cara al visitante, y en agricultura en una disminución del
rendimiento y una mayor sensibilidad a plagas y enfermedades.
De este modo, la incineración destruye
empleo en otros sectores, y emplea a menos personas, por ejemplo, que las
plantas de reciclaje, que según la fundación Amigos de la Tierra “podría crear
para el año 2020 hasta 750.000 nuevos puestos de trabajo en toda la Unión
Europea”.
Por ello, Carmen Molina ha insistido en la
necesidad de poner coto a esta actividad y trabajar realmente desde el Gobierno
andaluz por un aire respirable y que no suponga un riesgo para nuestra salud y
nuestro entorno.
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