LA PLATAFORMA ANDALUZA CONTRA LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS Y POR UN AIRE LIMPIO (PACIRAL) EXIGE MÁS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS (AAI) QUE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE VIENE CONCEDIENDO AL SECTOR INDUSTRIAL, ESPECIALMENTE EL CEMENTERO
Las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía no publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las modificaciones no sustanciales, las modificaciones de oficio ni los cambios de titularidad de las AAI en vigor, lo que contraviene la pretendida “transparencia pública de Andalucía”, obligada por la Ley 1/2014, de 24 de junio.
“La transparencia es inherente a la democracia y constituye una pieza fundamental para el establecimiento de una sociedad democrática avanzada, que es uno de los objetivos proclamados en el preámbulo de nuestra carta magna. Sin el conocimiento que proporciona el acceso de los ciudadanos a la información pública, difícilmente podría realizarse la formación de la opinión crítica y la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, un objetivo irrenunciable que los poderes públicos están obligados a fomentar (artículos 9.2 de la Constitución y 10.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).”
Ponemos en conocimiento de la ciudadanía que los procedimientos que tienen por objeto las modificaciones no sustanciales, modificaciones de oficio, cambio de titularidad y otros, no se comunican a las entidades con intereses legítimos colectivos, como son los grupos ecologistas o asociaciones de vecinos potencialmente afectadas. Desde PACIRAL entendemos que se está incumpliendo el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA/2015).
La vorágine de documentos generados por el sector cementero andaluz tiene su máximo exponente en Lafarge-Holcim de Jerez de la Frontera, que suma un total de 28 resoluciones, un verdadero rompecabezas que dificulta conocer la situación de dicha planta en un momento concreto. Cementos Cosmos Córdoba, con 14 documentos y Portland Valderrivas, de Alcalá de Guadaíra, también con 14, son otro muestrario de este galimatías.
Esta acumulación y dispersión dificulta a las entidades con intereses legítimos estudiar los procedimientos, por lo que el dictamen ambiental no recoge el pronunciamiento público, omitiéndose así el trámite de audiencia, respaldado por el art. 105 c) CE, esencial en cuanto garantía del derecho de participación y defensa del interesado. Esta situación incumple el artículo 21, Dictamen ambiental, del Decreto 5/2012, de 17 de enero, y el artículo 31.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: “Finalizada la fase de instrucción y previa audiencia al interesado se elaborará una propuesta de resolución de la que se dará traslado al órgano sustantivo”.
En consecuencia, PACIRAL entiende que es preceptivo y oportuno la unificación en un Texto Refundido de la AAI y sus modificaciones, tal y como establece el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio. Ese RD modifica el RD 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales, en varios de sus artículos, que favorezca la lectura e interpretación de la norma en vigor por parte de los ciudadanos, entidades y magistrados, de forma que no haya que investigar recurriendo a diversos textos para saber cuál es la normativa en vigor.
PACIRAL, desempeñando el papel que debe corresponder a la Administración Autonómica, en este caso la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pone en conocimiento de la ciudadanía en general y de los colectivos potencialmente interesados en particular, la totalidad de las AAI del sector cementero y sus modificaciones en archivo adjunto.
PACIRAL, vuelve a reiterar que la Junta de Andalucía se encuentra muy lejos de cumplir con el Convenio de Aarhus y la propia Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Sevilla, 1 de octubre de 2018
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